En todas partes del mundo la tecnología se transformó en una herramienta para luchar contra los misóginos. En Tucumán no hay pulseras para colocar a los acusados ni a las mujeres que sufren la furia machista.

En total, según la información aportada por voceros del área de Seguridad, hay 550 dispositivos, de los cuales 150 son duales (las utilizadas para los casos de violencia de género, ya que usan las víctimas y los acusados) y 400 para seguimiento de procesados o condenados. El costo mensual para el mantenimiento, hasta el año pasado era de $10.000.

El problema radica en que no se puede comprar de manera directa. En Latinoamérica hay una sola fábrica que las produce. En nuestro país, para garantizar el normal abastecimiento, es la Nación la que se encarga de adquirirlas y después, mediante un complejo sistema en el que se tiene en cuenta la cantidad de habitantes, de efectivos policiales, de ocupación de cárceles y de conflictividad, las distribuye en todas las provincias. “La idea es que sea equitativa para todos”, explicó la fuente.

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En Tucumán, hace más de dos años, el Ministerio Público Fiscal, el Poder Ejecutivo y la Universidad Tecnológica firmaron un convenio para que la casa de estudios las produjera, pero el plan fracasó. Primero porque el Gobierno no entregó a tiempo el dinero para que se compraran los insumos y, después, por la estampida del dólar y las complicaciones para la importación de piezas claves para su fabricación.

“El procesado o detenido no tiene la culpa de este problema. Afortunadamente, los jueces así lo entienden y por eso ordenan vigilancia policial hasta tanto le den una pulsera. El problema es que la lista es interminable y, ante esta falencia, estamos quitando efectivos de las calles”, razonó el abogado Javier Lobo Aragón.

Aplicación bandeña

Los municipios de Yerba Buena y de Banda del Río Salí incorporaron a la seguridad el tratamiento de los casos de violencia de género. “Hace años decidimos hacer una inversión de $15 millones para tener una aplicación con el fin de proteger a los habitantes de nuestra ciudad. Uno de los servicios que ofrecía este sistema era la protección a las víctimas de violencia de género Nunca nos imaginamos que sería tan exitosa en esta tarea de proteger”, explicó el intendente, Darío Monteros.

El funcionario informó que en su ciudad 3.500 víctimas de violencia de género utilizan este sistema. De ese número, el 65% (unas 2.270) accedieron a la aplicación a través de un oficio judicial que fue otorgado por el fuero penal o familiar. Aquí también queda reflejado: esa cantidad de usuarios de la app Alerta Banda del Río Salí representa casi la cuarta parte de los 12.000 que actualmente tiene el sistema

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“Es un mecanismo muy sencillo. La persona, ante un peligro, activa una alarma que repercute en nuestro centro de monitoreo. Rápidamente nuestros vigías acuden a su auxilio para intervenir. En la mayoría de los casos, el acusado es aprehendido y puesto a disposición de las autoridades. El éxito también repercutió entre los hombres, porque al enterarse de lo que puede pasar, cumplen con las medidas de protección”, explicó Montero.

“Al haber comprobado la eficacia de esta herramienta, presentamos el proyecto a las anteriores autoridades de Seguridad para que la utilizaran. El tema llegó a oídos del gobernador Juan Manzur, pero no se avanzó”, explicó el funcionario, que aclaró que el costo mensual de mantenimiento es de $1 millón por mes. “Es una inversión mínima si tenemos en cuenta el servicio que brinda y colabora con la Policía”, finalizó en una entrevista con LA GACETA.

Sistema similar

En Yerba Buena, la intendencia de Mariano Campero tiene la misma herramienta, pero su sistema es más personalizado. “Tenemos un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal y sabemos perfectamente cuáles son las personas que tienen algún tipo de protección”, explicó el secretario de Seguridad de esa ciudad, Mauricio Argiró. “Nuestra aplicación también cuenta con un botón antipánico que repercute en el centro de monitoreo”, añadió el funcionario.

Argiró dijo que al tener conocimiento de los casos, pueden diagramar controles especiales. “Los hombres de la Guardia Urbana Municipal se presentan en los domicilios de las víctimas para preguntarles si todo está bien. Esas visitas generalmente se intensifican durante los fines de semana”, detalló en la entrevista con LA GACETA.

La crisis carcelaria y las tareas policiales

“Este es un problema muy serio y las autoridades del municipio le están dando mucha importancia. No sólo colaboramos con las víctimas, sino también con la Policía. Hay muchísimos casos y a veces los efectivos policiales no pueden cumplir con todas las custodias móviles. Por esa razón, colaboramos con ellos para que puedan realizar su trabajo, que es la prevención del delito”, finalizó Argiró.

Un dato que no es menor. En ninguno de esos dos municipios se registró un femicidio, cuando a nivel provincial se duplicaron con relación al año pasado.